La Federación Cubana de Béisbol y Softbol ha comenzado a presentar a jugadores de la categoría Sub-18 y a sus padres o representantes legales un documento que busca garantizar el control de la entidad sobre el futuro profesional de esos atletas. Los acuerdos, obtenidos por Pelota Cubana USA, establecen obligaciones para ambas partes, pero incluyen cláusulas que podrían comprometer a menores de edad con responsabilidades económicas valoradas en hasta 10 millones de dólares.
El documento reconoce a la Federación como titular de los llamados «Derechos de Formación» del atleta y fija unilateralmente su valor en 10 millones de dólares. Según el texto, esa cifra podría ser reclamada en caso de que el jugador abandone una preselección o selección nacional, interrumpa su formación deportiva en Cuba para continuarla en otro país con fines profesionales o incumpla cualquiera de las disposiciones contempladas en el acuerdo.
La responsabilidad inicial recaería sobre los padres o representantes legales que firmen el documento. Una vez alcanzada la mayoría de edad, el propio atleta asumiría las obligaciones derivadas de ese compromiso.
Los documentos también establecen que la Federación Cubana de Béisbol y Softbol será reconocida como agente del jugador para futuras negociaciones con organizaciones profesionales. Incluso contempla la posibilidad de delegar esas funciones a terceros, una cláusula particularmente llamativa para una institución que durante décadas condenó cualquier intermediación privada en el desarrollo de peloteros cubanos.
Aunque la presentación de estos acuerdos a jugadores Sub-18 representa una novedad, el concepto detrás de ellos no es nuevo dentro de la política de la Federación. En marzo de 2023, la propia entidad publicó en Cubadebate un comunicado relacionado con el caso de Yariel Rodríguez después de que el lanzador decidiera no incorporarse a los Dragones de Chunichi en Japón.
En aquel momento, la Federación citó públicamente una cláusula contractual que establecía una reclamación de 10 millones de dólares por daños y perjuicios en caso de incumplimiento. También dejó claro que consideraba tener derechos sobre el futuro profesional del atleta y anunció que exigiría responsabilidades derivadas de aquel acuerdo.
La Federación Cubana exige contratos de 10 millones a peloteros Sub-18
Tres años después, el mismo concepto aparece trasladado a muchachos que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad.
La medida llega en un contexto donde el béisbol cubano continúa perdiendo talento de manera constante. Decenas de jugadores abandonan cada año la isla para buscar oportunidades de desarrollo en otros países y eventualmente acceder al béisbol profesional. Frente a esa realidad, la respuesta de la Federación parece orientarse cada vez más hacia mecanismos de control contractual.
La ironía resulta imposible de ignorar. Durante años la narrativa oficial del deporte cubano presentó a entrenadores independientes, preparadores físicos, representantes y buscadores de talento como «mercaderes del béisbol» o «traficantes» que se aprovechaban de los atletas para obtener beneficios económicos. Esa retórica fue utilizada una y otra vez para desacreditar a quienes ayudaban a los peloteros cubanos a prepararse para el béisbol profesional.
Ahora, los documentos obtenidos por Pelota Cubana USA muestran a la propia Federación reclamando derechos económicos sobre adolescentes, exigiendo ser reconocida como agente de esos jugadores y reservándose la posibilidad de participar en futuras negociaciones profesionales o incluso delegar determinadas facultades a terceros.
El concepto de mercantilización que durante años denunciaron parece quedarse pequeño frente a lo que reflejan estos acuerdos.
Resulta difícil entender de dónde surge una valoración de 10 millones de dólares cuando buena parte de esos jóvenes entrenan en instalaciones deterioradas, enfrentan escasez de implementos deportivos y reciben una preparación que en muchos casos termina completándose fuera de Cuba. La mayoría de los prospectos que alcanzan contratos profesionales necesitan rehacer buena parte de su formación en academias privadas de República Dominicana o Estados Unidos para poder competir al nivel que exige el béisbol moderno.
Muchos de esos jugadores salen de Cuba sin apoyo material significativo, sin acceso estable a tecnología de desarrollo, sin programas comparables a los de las academias internacionales y, en no pocos casos, dependiendo del esfuerzo económico de sus familias para sostener sus carreras deportivas. Sin embargo, cuando finalmente alcanzan el nivel necesario para aspirar a una firma profesional, aparece una Federación dispuesta a reclamar derechos valorados en millones de dólares.
Durante décadas el sistema deportivo cubano perdió cientos de peloteros. No los perdió porque existieran entrenadores privados. No los perdió porque hubiera buscadores de talento. Los perdió porque fue incapaz de ofrecer condiciones competitivas comparables a las del béisbol profesional. Ahora, en lugar de resolver las causas del problema, la Federación parece concentrada en desarrollar mecanismos para intentar retener derechos sobre quienes deciden marcharse.
Bajo la dirección de Juan Reinaldo Pérez Pardo, la Federación parece haber optado por una política de control cada vez más agresiva sobre el futuro de los jugadores. Los documentos obtenidos por Pelota Cubana USA muestran una organización más preocupada por preservar cuotas de poder sobre los atletas que por explicar cómo llegó a valorar en 10 millones de dólares a muchachos que todavía ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad.
Todo esto ocurre en un país donde la Constitución reconoce derechos fundamentales relacionados con la libertad individual, el desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la ley. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que esas garantías rara vez se aplican cuando entran en conflicto con los intereses del poder. Cuba lleva décadas mostrando que la Constitución sirve más como herramienta propagandística que como límite efectivo para las instituciones del Estado. Quienes expresan opiniones contrarias al discurso oficial suelen enfrentar represalias profesionales, persecución política o, en el mejor de los casos, marginación. En el peor, terminan enfrentando procesos judiciales y prisión.
Los medios oficiales, por supuesto, no cuestionan estas contradicciones. Tampoco analizan el alcance de estos acuerdos ni el impacto que podrían tener sobre menores de edad y sus familias. Como ha ocurrido tantas veces, el debate desaparece cuando la decisión proviene de las propias estructuras del Estado.
Pelota Cubana USA contactó a la Federación Cubana de Béisbol y Softbol para solicitar comentarios sobre el contenido de estos acuerdos, el fundamento utilizado para fijar en 10 millones de dólares los llamados Derechos de Formación y el alcance de las obligaciones impuestas a jugadores menores de edad. Al momento de la publicación de este artículo, la entidad presidida por Juan Reinaldo Pérez Pardo no había respondido a nuestra solicitud.
Los documentos obtenidos por Pelota Cubana USA muestran una Federación decidida a endurecer su postura frente al éxodo constante de talento. Lo más preocupante no es la cifra de 10 millones de dólares. Lo verdaderamente preocupante es la filosofía detrás del documento. En lugar de ganarse la confianza de los atletas mediante mejores condiciones de desarrollo, transparencia y oportunidades reales de crecimiento, la Federación parece apostar por contratos, restricciones y amenazas económicas.
Es una estrategia que refleja el mismo modelo de control que durante décadas ha caracterizado al deporte cubano y que ayuda a explicar por qué tantos jóvenes siguen viendo su futuro lejos de la isla.
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