Yasiel Puig atraviesa dos procesos judiciales distintos en Estados Unidos. Mientras espera conocer qué sentencia recibirá después de haber sido declarado culpable en un caso federal relacionado con una investigación sobre apuestas deportivas, el exjardinero cubano intenta reorganizar sus finanzas tras declararse en bancarrota el pasado 2 de julio.
Según documentos judiciales revisados por Martí Noticias, Puig se acogió al Capítulo 11 de la ley federal de bancarrota, un procedimiento que le permite reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial y mantener determinadas protecciones frente a sus acreedores. El caso fue presentado inicialmente en Fort Myers y posteriormente trasladado a Miami.
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Una parte importante del proceso se concentra ahora en dos propiedades pertenecientes a compañías vinculadas al pelotero. La principal es la vivienda de Pinecrest donde Puig declaró que residía cuando presentó la bancarrota. El inmueble está registrado a nombre de Moss Ranch LLC, una compañía administrada por el cubano, y tiene un valor de mercado aproximado de $6.84 millones.
Yasiel Puig espera sentencia entre problemas legales y una complicada situación financiera
En marzo de 2025, Moss Ranch recibió un préstamo de $7 millones de Precedent Asset Management-4B. Los documentos muestran que Puig garantizó personalmente las obligaciones de ese préstamo.
Precedent sostiene que la cantidad pendiente había aumentado hasta aproximadamente $8.8 millones cuando comenzó la bancarrota. El cálculo presentado por el acreedor incluye el dinero prestado, intereses, seguros, cargos por demora y gastos legales. La compañía aseguró además ante el tribunal que los intereses por incumplimiento continuaban acumulándose a razón de aproximadamente $4,666.66 diarios.
Tanto los casi $8.8 millones como los intereses diarios corresponden a cantidades reclamadas por el acreedor y no a cifras que un juez haya determinado definitivamente como deuda de Puig.
Precedent intenta recuperar la propiedad mediante una ejecución hipotecaria y acudió al tribunal de bancarrota para determinar si podía continuar con el proceso después de que Puig se acogiera al Capítulo 11.
El juez federal Peter D. Russin determinó que sí. En una orden registrada el 11 de agosto estableció que Moss Ranch no se había declarado en bancarrota y que, al tratarse de una compañía separada de Puig, la protección de la bancarrota personal del exjugador no impedía continuar el proceso contra la propiedad.
La orden también cuestionó una notificación presentada en el proceso hipotecario que hacía referencia tanto a Puig como a Moss Ranch. Russin consideró que había sido preparada de una manera “intencionalmente engañosa, en el mejor de los casos” y señaló que el abogado del exjugador no había realizado una investigación adecuada antes de sostener que la compañía estaba protegida por la bancarrota.
La decisión permite a Precedent continuar con la ejecución hipotecaria y avanzar hacia una eventual venta judicial de la vivienda. Sin embargo, la orden no autoriza al acreedor a cobrar directamente a Puig los casi $8.8 millones mientras siga vigente la protección de su bancarrota personal.
La vivienda de Pinecrest no es el único inmueble involucrado. Existe otra propiedad en Miami perteneciente a una segunda compañía relacionada con Puig. Atomic Loans LLC mantiene otro proceso de ejecución hipotecaria y también consiguió autorización judicial para continuar.
El 7 de agosto, el mismo juez determinó que la bancarrota personal del cubano tampoco impedía avanzar contra esa compañía y su propiedad. En pocos días, dos acreedores obtuvieron así decisiones que les permiten continuar procesos de ejecución hipotecaria contra inmuebles pertenecientes a empresas vinculadas al exjugador.
La situación financiera completa de Yasiel Puig todavía no se conoce
La situación financiera completa de Puig todavía no se conoce. Al presentar la bancarrota, no entregó inicialmente todos los documentos en los que debe detallar sus propiedades, ingresos, gastos y obligaciones, y posteriormente solicitó más tiempo para completar esa información. Hasta el 11 de agosto, los documentos judiciales revisados por Martí Noticias todavía no mostraban esos detalles financieros.
La bancarrota ocurre además mientras Puig espera el desenlace de otro proceso federal completamente separado. El cienfueguero fue declarado culpable el pasado 6 de febrero, después de un juicio de 12 días, de obstrucción de la justicia y de ofrecer declaraciones falsas a investigadores federales en un caso relacionado con una operación ilegal de apuestas deportivas.
Los fiscales federales solicitaron una condena de 18 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $55,200. La defensa de Puig, por su parte, ha pedido que no sea enviado a prisión.
Mientras espera conocer su sentencia en ese caso, Puig deberá atender también el proceso para reorganizar sus finanzas. La reunión con sus acreedores está programada para el 24 de agosto, mientras que el plazo actualmente establecido para presentar su propuesta de reorganización llega hasta el 30 de octubre.
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